San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. — A horas de que se defina la situación jurídica del ex presidente municipal Irineo Molina Espinoza en la audiencia de vinculación a proceso programada para este 5 de noviembre de 2026, elementos clave revelan los argumentos centrales del debate judicial que mantiene en vilo el escenario político de la región.

Riesgo de sustracción y presunta red de influencias
Durante las diligencias, la representación de la Fiscalía General del Estado ha sostenido que de otorgarse la libertad al exedil, este podría sustraerse de la acción de la justicia. El ministerio público argumenta que Molina representa un riesgo para la población tuxtepecana debido a la presunta red de influencias políticas que ha tejido, un factor que —según apuntan voces del entorno político— genera inquietud entre adversarios y allegados ante el reacomodo de candidaturas rumbo al proceso electoral de Morena en Tuxtepec.
Asimismo, la Fiscalía sostiene el argumento de que una eventual liberación pondría en riesgo la integridad de los testigos e informantes que colaboran en la investigación.

El meollo legal: Contratos por encima del tope y observaciones de la ASGEO
El eje de la imputación por uso indebido de atribuciones se sustenta en los contratos celebrados durante su gestión para la construcción de un drenaje pluvial en la colonia Hidalgo y la contratación de equipos de videovigilancia. Según los elementos presentados por la fiscalía y con base en señalamientos e información aportada el 6 de septiembre de 2026, la administración municipal —con datos proporcionados por el actual alcalde Fernando Huerta Cerecedo— habría incurrido en irregularidades legales.

La acusación señala que, conforme a la Ley de Obras y la Ley de Ingresos y Egresos, las invitaciones restringidas exigen convocar al menos a tres participantes y adjudicar al mejor presupuesto, estableciendo un tope máximo de 5 millones 400 mil pesos para este tipo de contrataciones. Sin embargo, los convenios firmados por Molina ascendieron a 11 y 13 millones de pesos —superando en más del 50% el límite permitido—, bajo el criterio del fiscal de que la investidura de presidente municipal no faculta para realizar un manejo discrecional del erario. Por su parte, la defensa ha cuestionado el origen de dicha información, señalando que los datos aportados por Huerta ante la FENCO constituyen imputaciones que buscarían perjudicar al exedil.

Patrimonio bajo la lupa y el debate sobre la prisión preventiva
Dentro de la causa penal, la fiscalía expuso un inventario patrimonial atribuido al exalcalde, el cual contempla seis propiedades (cuatro en San José Chiltepec y dos en Tuxtepec), dos camionetas, incluyendo el domicilio particular ubicado en la colonia 5 de Febrero.
Con base en estos elementos y en la imputación original derivada de la revisión del exauditor de la ASGEO en 2024, José Luis Hernández Díaz, el ministerio público solicitará nuevamente la imposición de prisión preventiva justificada este 5 de noviembre, argumentando que las condiciones de arraigo no están garantizadas. En contraparte, la defensa legal se prepara para debatir técnicamente estos supuestos y buscar que el exedil pueda enfrentar su proceso en libertad, a la espera de lo que resuelva el juez de control.

(Tuxtepec, Oaxaca, 2000) Director Editorial de Historias del Papaloapan, medio digital dedicado a la cobertura informativa, histórica y cultural de San Juan Bautista Tuxtepec y la región de la Cuenca del Papaloapan.
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